Piden diputados poner candados a la operación para proteger a los trabajadores.
por: Roberto González A., Roberto Garduño, Enrique Méndez y Patricia Muñoz.
La Comisión Federal de Competencia (CFC), el organismo público antimonopolio, autorizó la operación de compra de Aeroméxico por parte de un grupo de inversionistas, entre los que se cuenta Banamex, filial en México del consorcio estadunidense Citigroup.
En un comunicado difundido por Banamex, los inversionistas interesados en adquirir la aerolínea, una de las dos grandes compañías nacionales que pasó a manos del gobierno como parte del proceso de rescate bancario, informaron que una vez recibida la autorización de la CFC para realizar la transacción, por la que ofrecieron 150 millones de dólares, “anunciarán próximamente sus acciones para continuar con la oferta pública”.
El anuncio de Banamex fue hecho horas después de que los otros postores por la aerolínea, los empresarios Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri dieron a conocer, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, que habían elevado de 100 millones a 160 millones de dólares su oferta por Aeroméxico.
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Tomás del Toro, sostuvo que se deben establecer candados para que en la venta de Aeroméxico, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se asegure la estabilidad laboral para los trabajadores de la aerolínea, el respeto a su contrato colectivo, pero sobre todo para evitar que los nuevos inversionistas caigan en la tentación de desmantelar la empresa, porque esto significaría perder soberanía de los cielos.
Del Toro añadió que con el fin de establecer estos mecanismos para asegurar la viabilidad de la empresa, su compromiso con la aeronáutica nacional y con sus trabajadores, se pedirá la comparecencia de los secretarios de Hacienda, de Comunicaciones y del Trabajo.
Empresarios en pugna
El 12 de septiembre un grupo de inversionistas, entre los que Banamex tiene una posición minoritaria, ofreció 150 millones de dólares por la totalidad de las acciones de Aeroméxico, oferta a la que se añadió el compromiso de invertir otros 240 millones de dólares en la mejora operativa de la compañía.
Entre los inversionistas que ofrecieron los 150 millones de dólares por Aeroméxico están, además de Banamex, José Luis Barraza, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; la familia Aramburuzabala, accionistas de control del Grupo Modelo, una de las dos compañías del duopolio de la cerveza en México; Valentín Díez Morodo, accionista de la misma empresa cervecera, y la familia Canales Clariond, de industrias Monterrey, entre otras.
Según el comunicado difundido ayer, la Comisión Federal de Competencia autorizó la realización de la operación para adquirir las acciones de Consorcio Aeroméxico por parte del grupo de empresarios mexicanos encabezado por José Luis Barraza González.
Respecto de la contraoferta realizada por la familia Saba, el grupo de inversionistas agrupado por Barraza González dijo ayer que “anunciará en los próximos días sus siguientes acciones en este proceso”.
El grupo de empresarios encabezado por Barraza está integrado, además de los ya mencionados, por el michoacano Francisco Medina Chávez, presidente del Grupo Fame; Ricardo Martín Bringas, del grupo de tiendas de autoservicio Soriana; Eduardo Tricio Haro, presidente del Grupo Industrial Lala; Juan Francisco Beckman Vidal, del Grupo Cuervo, y Henry Bremont Pellat, inversionista en Liverpool Fábricas de Francia, y otros.
La venta es un proceso vulnerable
La opacidad, escasez de información, el reducido costo de la empresa y la ausencia de garantías sobre el origen de los recursos para hacerse de Aeroméxico por parte de tres postores privados, fueron los argumentos que un grupo de diputados de las comisiones unidas de Transportes y Trabajo y de Previsión Social utilizaron para cuestionar a la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández.
Los legisladores consideraron la venta de la aerolínea un proceso vulnerable, que adolece de credibilidad ante la sociedad, mientras la encargada del IPAB replicó que la subasta de la empresa, en la cual participan tres postores (Banamex, Grupo Saba y Gastón Azcárraga, presidente del consejo de administración del Grupo Posadas y dueño de Mexicana de Aviación) será transparente y apegada a la legalidad.
Según Fernández, el grupo Saba se encuentra adelante en la puja por la empresa aérea, al pasar de una oferta inicial de 1.10 dólares por acción a 1.75 dólares, lo que equivale a 160 millones de dólares.
Sin ocultar su satisfacción por la propuesta de Grupo Saba, explicó que el 5 de octubre es la fecha límite del concurso para postularse como comprador.
En un encuentro ríspido, Fernández adujo que a la fecha el IPAB aún no acepta la propuesta de ningún postor, para no inhibir al resto de los competidores y, sobre todo, porque “esperamos que la venta se dé en los plazos más largos posibles, a fin de obtener la mayor recuperación para reducir los montos de los pasivos del IPAB”.
Explicó que los recursos que se obtendrán por la venta de Aeroméxico se aplicarán para reducir los costos de las crisis económicas de 1994 y 1995. El instituto participa con 45.37 por ciento de las acciones de la aerolínea; el gobierno federal posee 10.16 por ciento y, de manera conjunta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Nacional Financiera son dueñas de 3 por ciento, situación que arroja un total de 61 por ciento, mientras el resto, 4.93 por ciento, se encuentra en manos de inversionistas privados.
No obstante, el diputado de Nueva Alianza, Humberto Dávila, advirtió que Aeroméxico muestra un manejo positivo de sus finanzas, y se ha ubicado como una empresa estratégica, que cuenta con más de 6 mil 400 trabajadores, cifra que representa 30 por ciento del total de la planta laboral de la aviación nacional.
Frente a esa circunstancia criticó con dureza la actitud del gobierno federal al ofrecer la aerolínea a precio de regalo. Al cierre de 2006 la empresa tenía en caja mil 700 millones de dólares y activos por mil 200 millones de dólares.
En consonancia, el panista Francisco Dávila García cuestionó el nuevo intento por vender una de las empresas con mejor salud financiera, con personal suficiente y el mejor mantenimiento aeronáutico.
