Apegada a la legalidad, venta de Aeroméxico: IPAB

Las aportaciones son mayoritariamente de capital mexicano, y de ninguna manera están involucrados los recursos del público ahorrador, “porque Banamex no es quien adquirió Aeroméxico, sino un fideicomiso”.

México.– La venta de las acciones de Aeroméxico se apegó a la ley y la normatividad aplicable, se realizó con transparencia y publicidad, y dadas las condiciones, hubo los mejores términos de recuperación para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, aseguró la Secretaria Ejecutiva de este organismo, María Teresa Fernández Labardini.

Señaló que a pesar de las “suspicacias” generadas por la venta de Aeroméxico, la operación fue compleja y apegada a la ley, “transparente, pública, y que para el IPAB implicó un monto importante de recuperación”.

Previo a una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Fernández Labardini afirmó que no fue Banamex quien adquirió la aerolínea.

“Ha habido ahí una confusión (…) quien adquirió Aeromexico es un fideicomiso constituido en Banamex, en donde ese fideicomiso tiene como fideicomitentes a un grupo de empresarios y, por otro lado, a una empresa mexicana de sociedades de responsabilidad limitada, constituida por una subsidiaria de City Group”.

Indicó que las aportaciones son mayoritariamente de capital mexicano, y de ninguna manera están involucrados los recursos del público ahorrador, “porque Banamex no es quien adquirió Aeroméxico, sino un fideicomiso”.

Al exponer ante los legisladores los pormenores de este proceso de venta, María Teresa Fernández Labardini explicó que el IPAB mantenía en forma directa aproximadamente el 45.37 por ciento del capital social del Consorcio Aeroméxico; el Gobierno federal mantenía una participación del 10.16 por ciento a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Nacional Financiera un 3.54 por ciento.

El 40.93 por ciento restante, se encontraba distribuido entre el gran público inversionista del mercado de valores.

Detalló que la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece una serie de principios que el Instituto deben observar y respetar en los procedimientos de enajenación de bienes, como: publicidad de los actos de enajenación; máximo valor de recuperación; transparencia en le enajenación de los bienes; subasta o licitación pública.

Recordó que el proceso de enajenación de la participación accionaria del IPAB en el Consorcio Aeromexico se llevó a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y que se aceptó la propuesta del fideicomiso constituido por Banamex ya que la oferta representó el precio por acción más alto de entre los oferentes que mantenían ofertas firmes y vigentes.

Afirmó que “no pudo haber una operación más transparente, pública y competitiva que esta, realmente se le pudo dar seguimiento a través de la BMV, no hay manera para que haya sido una operación arreglada o concertada; cualquiera que tenía intención de adquirir Aeroméxico pudo participar, presentar una postura al amparo de la ley del Mercado de Valores”.

milenio.com

PRD, PRI y Convergencia iniciarán pesquisa por la venta de Aeroméxico

Banamex fue rescatado con el erario y adquiere una empresa en igual condición.

Senadores perredistas impugnan la operación; es un pago de factura de Calderón, dicen

por: Roberto Garduño, Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Ciro Pérez

Los coordinadores de PRD, PRI y Convergencia en la Cámara de Diputados anunciaron el inicio de una investigación sobre el proceso de venta de la empresa Aeroméxico. Javier González Garza, Emilio Gamboa y Alejandro Chanona cuestionaron la irregularidad sancionada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), porque el problema de fondo es que Banamex fue rescatado con recursos del erario y ahora adquirió otra empresa rescatada también por dicho instituto y, en consecuencia, la aerolínea puede quedar en manos de extranjeros.

En tanto, en el Senado, los perredistas anunciaron que impugnarán la venta de Aeroméxico pues es “una operación ilegal”. Pablo Gómez acusó que la transacción es un “trinquetazo”, ya que los que concurren a la subasta son beneficiarios del Fobaproa, ahora IPAB, por lo que con el dinero del rescate están comprando una empresa que en su mayoría es propiedad del Estado.

Mientras, la Comisión de Hacienda del Senado solicitó la comparecencia del titular del IPAB, Mario Beauregard, para que explique cómo es que se pudo realizar esa transacción si había varios poseedores de acciones.

En San Lázaro, el PAN descartó que la decisión de favorecer a los empresarios encabezados por José Luis Barraza –ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que promovió la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de 2006– sea el pago de facturas por el evidente respaldo a la campaña presidencial de Felipe Calderón.

González Garza, coordinador de la bancada del PRD, señaló esa vinculación: “lo que nos preocupa es el pago que se está haciendo a aquellos que fueron partícipes en la elección de la Presidencia el año anterior. Nos parece gravísimo que empresas de esa magnitud (Aeroméxico), que se sabe que son mayores que otras, se estén vendiendo en esas cantidades a grupos que están metidos en el Fobaproa. Eso es una traición, porque se está vendiendo al mismo precio de un avión. Es una entrega vulgar de la empresa más importante de aviación que tiene el país”.

Emilio Gamboa reconoció el malestar que prevalece en la bancada priísta porque no se conocen los nombres de los empresarios de origen mexicano ni de los extranjeros.

–Se habla de que fue un pago de factura de Calderón a quienes lo apoyaron.

–Eso lo dice un ex candidato. No tengo pruebas y me parecería aventurado afirmar algo tan contundente. Fue un proceso, se llevó abiertamente, pero le preocupa al PRI que vaya a quedar en manos de extranjeros una línea aérea. No vamos a entorpecer la venta, quedó muy claro en el grupo parlamentario. Pero vamos a demandar que nos envíen información sobre qué porcentaje tendrán los extranjeros en esta compra venta.

Alejandro Chanona, de Convergencia, cuestionó el proceso de adjudicación de la empresa, porque queda en tela de juicio si hubo ejercicio de dados cargados que permitieron, por la vía del ciberespacio, dar la preferencia al Grupo Banamex y dejaron en desventaja a los empresarios Saba.

–Se habla de un pago de facturas.

–Nosotros tenemos un problema en la Cámara, deberíamos tener una comisión investigadora, pero yo propongo tener un grupo de tarea de reacción inmediata que indague sobre las condiciones de la licitación, porque ni las propias autoridades de Hacienda pueden comprobar que hubo desventaja para los Saba.

Jesús Ramírez Stabros, piloto aviador y diputado priísta, sugirió investigar la operación, “porque tratándose de Banamex mucha gente la refiere inmediatamente a Citigroup, y éste es un grupo extranjero. La ley de inversión extranjera en aviación marca sólo 25 por ciento, y en este caso Banamex sería dueño de 49 por ciento”.

–¿Qué tan riesgoso es el hecho de que un banco haya tomado el control de Aeroméxico, siendo un negocio de riesgo y que los bancos no manejan dinero propio, sino de los ahorradores?

–Es muy importante en términos de seguridad nacional y de soberanía. La concesión aeronáutica se entrega a quien la autoridad tiene certeza de quién es, para qué le sirve, para qué lo quiere y que tiene responsabilidad económica, social, patrimonial. No sé de dónde saca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los nuevos dueños son acreedores de una concesión, habrá que ver eso y cuáles son las razones para que, en todo caso, la dependencia no tenga opinión en este sentido que es de interés de Estado.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cristián Castaño Contreras, atribuyó transparencia al proceso de venta. “Se hizo conforme a un procedimiento establecido en base a dos leyes, con una institución que emitió una convocatoria y estableció términos perentorios para presentar propuestas. Quien sienta que se está vulnerando un derecho, puede reclamar a las instancias judiciales”.

En el Senado, el perredista Ricardo Monreal anunció que el PRD impugnará la operación. “Resulta una contrariedad que se conmemore hoy el asesinato del prócer Belisario Domínguez y que precisamente ahora se entregue en un acto de pago de facturas otro bien nacional: Aeroméxico”.

El priísta Fernando Calzada insistió en que, “desde mi punto de vista, Aeromexico se vendió muy barata. Creo que debemos revisar el procedimiento para ver si se apegó a derecho y revisar las bases de licitación”.

Banamex libra pago de impuestos ahora en la compra de Aeroméxico

La transacción quedó exenta: Hacienda; recurre a la misma estrategia que con Citigroup.

La generación de gravámenes por este tipo de operaciones “está en función de quien vende, no de quien compra; el gobierno no se paga impuestos a sí mismo”, informa en un comunicado

(Antonio Castellanos, Miriam Posada, Juan Antonio Zúñiga, Roberto González, Susana González y Víctor Cardoso)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos. Esta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles.

La oferta pública de adquisición, que no subasta ni licitación, se concretó a las 8:33 horas de ayer. Se vendió un paquete de más de 586 millones de títulos de Aeroméxico que estaban en poder del gobierno federal a un precio de 2.69 pesos por acción, según el primer reporte de la bolsa, pero al cierre el precio de venta fue de 2.7159 pesos. El monto fue de mil 592 millones de pesos.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, manifestó que los empresarios que adquirieron Aeroméxico no pagarán impuestos, “porque el vendedor es el gobierno federal que tiene 10 por ciento de la tenencia accionaria y Nacional Financiera, otro 3 por ciento”. En ese sentido, agregó, estas ganancias de capital no son generadas por un particular, sino por el sector público.

Operación maquillada

“En esta operación no hay ningún tema tributario importante”, señaló Werner y recordó que el sistema tributario mexicano ha cerrado de manera importante los espacios para el manejo agresivo de pérdidas fiscales. Los empresarios podrán hacer uso de las pérdidas fiscales de la empresa en la medida que la ley lo permita.

Por la noche, la Secretaría de Hacienda envió un comunicado a La Jornada donde precisa que “la generación de impuestos por este tipo de operaciones está en función de quien vende, no de quien compra”, y por lo tanto la dependencia definió que al enajenar los títulos, “el gobierno federal no se paga impuestos a sí mismo por sus ganancias en capital”. Esto, fundamentó la dependencia, bajo el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , lo mismo que el artículo 1 de la Ley del IVA.

En el mismo sentido, en los altos círculos gubernamentales se comentó que aun cuando las modificaciones a la ley del ISR establecen que la enajenación de acciones a través de ofertas públicas en el mercado de valores causa un impuesto sobre la renta, también consideran la salvedad de que la compra-venta de acciones de empresas o entidades públicas no causan el ISR.

Esto, afirmaron, debido a que sería el equivalente “a sacar dinero de una bolsa para meterlo a otra”, porque en el caso de la venta de Aerméxico el mayor accionista es el gobierno y si se aplicara el ISR, Hacienda, Nacional Financiera y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tendrían que pagarle un impuesto a la propia Secretaría de Hacienda

Mientras, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador, había adelantado esta exención a pesar de que el pago de ese impuesto es obligatorio para todas las operaciones en la bolsa, cuando las transacciones rebasen 10 por ciento del valor del capital social de la empresa involucrada. “No resultaría extraño que encontraran la manera de darle la vuelta. La venta de Aeroméxico a Banamex fue una operación maquillada, un acto para favorecer a Roberto Hernández”, afirmó.

“Con todos los problemas de carteras vencidas que enfrenta Citigroup en Estados Unidos, resulta completamente improbable que su subsidiaria en México se aventurara a comprar una línea aérea con graves problemas financieros como Aeroméxico. Quien compró no fue Banamex, fue Roberto Hernández, el anterior propietario del banco vendido a Citigroup”.

En tanto, el sector empresarial se abstuvo de pronunciarse sobre la transparencia del proceso, y se limitó a señalar que es una noticia positiva porque promete más competencia, mejores servicios, tarifas y más rutas.

Mientras para funcionarios del gobierno federal, la venta de Aeroméxico al Fideicomiso Banamex no deja lugar a dudas y fue hasta “impecable”, aunque para algunos el mecanismo del “segundero” no fue el más eficiente y sería necesario buscar otras estrategias.

El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, señaló que el proceso estuvo a la vista de todos “aunque no se si lo mejor sea que la puja dependa de un reloj, ya que pude haber mejores opciones pero depende del punto de vista”, y consideró que no hay duda sobre el proceso y sus resultados.

Luego de participar en la inauguración de la Convención Nacional de Turismo 2007 convocada por el Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Elizondo consideró que con esta operación debe haber mejores condiciones para los usuarios mexicanos del servicio aéreo, las aerolíneas están obligadas a fortalecerse y trabajar en puntos del país que requieren más competencia y competitividad en transporte aéreo.

En conferencia de prensa por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, dijo estar complacido por la “transparencia” de la venta de Aeroméxico, y advirtió que dicha operación no dará lugar a una modificación o relajamiento de la política aeronáutica del país, ya que, adelantó, habrá una estricta y rígida inspección de la flota aérea de cada una de las empresas que operan el aerotransporte.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a seguir las más estrictas reglas de inspección sobre los distintos aviones, la flota, que utilizan tanto Aeroméxico, Mexicana y las demás aerolíneas”, advirtió.

Téllez deslindó a la Secretaría a su cargo del proceso de venta ya que no tiene influencia sobre los accionistas, y precisó que su función consiste en dictar las políticas de aviación y la seguridad de la aeronáutica mexicana.

La mayor defensa del proceso la hizo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, la venta no sólo fue transparente sino “impecable”, y consideró que son infundadas las críticas y sospechas de la familia Saba sobre la objetividad del proceso.

Y en el mismo tono el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner rechazó ayer que hubiera irregularidades en la venta de Aeroméxico. Señaló que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fue claro en la aplicación de las reglas que establecen la Ley del Mercado de Valores y del propio instituto.

Medio centavo más alta

La oferta de la familia Saba llegó dos minutos tarde y por ello se adjudicó la operación al grupo de empresarios en el que participa Banamex. La propuesta de Moisés Saba, dijo, si era medio centavo más alta que la de Banamex, pero entró al sistema después de la hora de cierre.

Negó que se hubiera hecho la compra de una empresa rescatada por el Fobaproa a otra como sería el caso de Banamex y Aeroméxico, ya que se trata de un fideicomiso integrado por unos 15 empresarios y el área de banca de inversión de Banamex armó el paquete. El capital procede principalmente de esos empresarios entre los que se encuentra su representante que es José Luis Barraza, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Y el vocal de la junta de gobierno del IPB, Jorge Chávez Presa remató al señalar que el organismo está satisfecho con la venta por haber sido transparente y porque que se podrán reducir los pasivos del instituto.

El presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, José Luis Barraza, señaló que entre las primeras acciones a emprender está la inyección de capital fresco a la empresa, por aproximadamente 240 millones de dólares a aplicarse en los próximos 90 días.

Detalló que se mejorará la eficiencia de la aerolínea mediante estrategias como acuerdos con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que les permitirá ahorros por 36 millones de dólares; así como abrir nuevas rutas internacionales, aumentar las frecuencias de recorridos nacionales y establecer alianzas con aerolíneas de talla mundial.

Temen sobrecargos que la venta de Aeroméxico afecte garantías laborales

La CND califica la transacción de premio a Roberto Hernández y José Luis Barraza.

por: Carolina Gómez, Triunfo Elizalde y Alma Muñoz

La venta de Aeroméxico al grupo encabezado por el empresario José Luis Barraza y Banamex generó diversas reacciones en los sobrecargos de la aerolínea. Manifestaron sus dudas respecto al futuro que correrán las garantías laborales. En tanto que para los integrantes de la Convención Nacional Democrática, Aeroméxico fue el “premio” que recibieron los empresarios Roberto Hernández y José Luis Barraza por haber apoyado la campaña de Felipe Calderón.

A mediodía, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) advirtió a los nuevos dueños de Aeroméxico que no permitirá que a la planta laboral de sobrecargos, la cual asciende a mil 550, se le aplique la misma receta que a los sobrecargos de Mexicana de Aviación, a los cuales Grupo Posadas les “mutiló” su contrato colectivo de trabajo, reduciendo sus percepciones en más de 50 por ciento.

En conferencia de prensa, Francisco Villarreal, secretario general de ASSA, señaló que con lo que se van a encontrar los nuevos propietarios de la aerolínea es con un “gremio que a toda costa evitará que suceda lo mismo que con Mexicana; van a encontrar a un gremio unido y firme en sus convicciones, porque la experiencia con Mexicana nos hace ahora estar más alertas”.

Aunque descartó pronunciarse respecto a si Banamex era o no la mejor opción para los trabajadores, Villarreal dejó entrever cierta preocupación y planteó que el hecho de que Banamex tenga capital extranjero (Citigroup), “de entrada nos genera duda, fue un banco que se vendió a inversionistas que tienen relaciones con gente de Estados Unidos y tenemos que ser cuidadosos sobre qué tipo de inversiones se hagan”, y descartó que hayan tenido algún acercamiento con Banamex.

Por su parte, Rafael Hernández, integrante de la comisión organizadora de la Convención Nacional Democrática (CND), afirmó que el beneficiario principal con la venta de Aeroméxico fue Roberto Hernández. “José Luis Barraza simplemente es su prestanombres”, sostuvo. Hernández es accionista de Citigroup, dueño de Banamex, el cual recibió el banco pagado a 15 por ciento de su valor, de manos del Fobaproa.

Y el IPAB, apuntó en conferencia de prensa, le dio un subsidio de cerca de 4 mil millones de pesos que “se le siguen pagando a Banamex y seguirán pagando los mexicanos por dos o tres generaciones.” La institución, continuó, después “la malbarató en 25 mil millones de pesos y no pagó ningún tipo de impuesto por la operación”.

A través del banco y de Barraza, insistió, Hernández recibió Aeroméxico “en pago por el apoyo que brindó a Felipe Calderón”, fue su “premio”.

Aeroméxico, para Banamex

Ganó Barraza González, ex líder del CCE, que gastó millones en apoyar a Calderón.

Por un retraso de 2.42 minutos en presentar su oferta, el IPAB dejó fuera de la subasta a los Saba; “las reglas no fueron claras”, hubo “irregularidades lamentables”, protestaron

por: Juan Antonio Zúñiga, Antonio Castellanos y Víctor Cardoso

Por un retraso de 2.42 minutos en la presentación de su oferta por 249.47 millones de dólares, los empresarios Moisés y Alberto Saba perdieron la subasta de compra por Aeroméxico, que fue adjudicada al grupo encabezado por José Luis Barraza González y Banamex, quienes ofrecieron pagar, a escasos 27 segundos de concluir el plazo, 249.1 millones de dólares.

De esta forma, Barraza González vuelve a aparecer en los primeros planos del acontecer nacional, luego de su paso como presidente del poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este organismo fue uno de los principales artífices de la campaña de medios en apoyo a la candidatura del actual presidente Felipe Calderón, con un gasto publicitario en medios electrónicos considerado millonario. En su momento, la empresa de medición de audiencias Ibope Agb México dio a conocer que el CCE gastó más de 136 millones en mensajes, que llamaban a no cambiar el rumbo de la economía, los cuales coincidían con los del candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar la dualidad crisis contra estabilidad.

Ayer, en la recta final del proceso de venta de la mayor aerolínea del país y uno de los últimos activos en poder del gobierno federal, las pujas fueron presentadas por segundos de diferencia antes de las 16 horas, plazo para la presentación de ofertas. El estrecho margen llevó también a que la decisión de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), propietario de 45.37 de las acciones, se retrasara por 2 horas y media.

“A las 16 horas del día de hoy, conforme a la hora de registro en el sistema de la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) ‘Emisnet’, el cual fue certificado ante notario público, la última OPA (Oferta Pública de Adquisición) del fideicomiso número 16093-6 constituido en Banamex y diversos empresarios (fideicomiso), fue la de mayor precio, y en virtud de que dicho oferente no amplió el periodo de vigencia de su oferta, es decir, venció a las 16 horas, el IPAB, por acuerdo de su junta de gobierno, aceptó dicha oferta, a través de Nacional Financiera, y se han realizado los actos necesarios para que se lleve a cabo la liquidación, conforme a las disposiciones aplicables y al folleto informativo de la oferta”.

Este grupo de empresarios fijó su postura en 2.7159 pesos por acción, que representa 2 mil 695 millones 287 mil 503.13 pesos, o 249 millones 102 mil 357.04 dólares a un tipo de cambio de 10.82.

De acuerdo con el IPAB, su junta de gobierno tomó en consideración, además del precio, “la situación actual de Aeroméxico, evidentemente delicada y que requiere de inyección de recursos por parte de los accionistas”, así como “el costo de oportunidad para el IPAB por dejar que expirara la oferta del fideicomiso”.

Arañazos y patadas

A la puja económica por Aeroméxico, se sumó una guerra mediática protagonizada por Moisés Saba Masri, quien con su padre Alberto Saba Raffoul, presentó la primera oferta el 22 de agosto. Desde temprana hora, en diversas entrevistas periodísticas se dedicó a difundir un “¡yo gané!”. Hacía referencia a la jornada de pujas del martes anterior, cuando el IPAB, en un arrebato, lo declaró triunfador de la subasta con una propuesta económica de 1.90 pesos por acción. Decía el empresario: “si ayer (martes) por un segundo yo gané, hoy porqué por un segundo tengo que perder”. Por la tarde, después de conocerse el fallo, declaró que “las reglas no fueron claras”.

Pero por la noche, después de una larga encerrona con sus asesores para determinar la estrategia a seguir, finalmente declararon que dejaban atrás el proceso de Aeroméxico, que no impugnarían legalmente “porque no tienen interés en litigar por años con el IPAB”, pero señalaban “irregularidades lamentables” de parte de ese organismo. El IPAB, acusaron, “utilizó en dos días consecutivos criterios distintos para casos idénticos”.

Por la mañana de ayer, en un intento por prevenir cualquier impugnación, el IPAB emitió un comunicado en el que anunciaba que “aceptará la oferta que represente el precio por acción más alto, con base en la vigencia que hayan establecido las ofertas públicas de adquisición”.

Estableció que “en el supuesto de que a las 16 horas del día de hoy (miércoles), de acuerdo con la hora de registro en Emisnet, la OPA de los señores Saba sea la que represente el mayor valor, y el fideicomiso no amplíe la vigencia de su oferta, el IPAB, por acuerdo de su junta de gobierno, no aceptará la oferta del fideicomiso y considerará la oferta de los señores Saba, tomando en cuenta las posibles posturas y eventos que pudieran presentarse durante la vigencia de esta última oferta”.

El ambiente se enturbió aún más, cuando después de las 15 horas el grupo Mexicana de Aviación lanzó una nueva OPA, a pesar de que el pasado 11 de octubre la Comisión Federal de Competencia (CFC), con el argumento de concentración del mercado en el transporte aéreo de pasajeros, rechazó autorizar su participación en la subasta por Aeroméxico y no obstante haber ofrecido pagar 2.19 pesos por acción de la aerolínea.

Ayer, Grupo Mexicana elevó el precio por acción a 2.45 pesos, unos 225 millones de dólares, argumentando que esa oferta “es válida hasta su fecha de vencimiento, y hasta en tanto no se obtenga la resolución favorable de la CFC.

“La oferta se modifica para eliminar la condición suspensiva y sustituirla por una condición resolutoria, por lo que en términos legales, la oferta es válida y vigente desde el día de hoy y hasta en tanto a más tardar a las 12 horas de la fecha de vencimiento, no se obtenga resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia”.

Por la noche, la cabeza aparente del grupo ganador, José Luis Barraza, declaró que a partir de hoy se designará al nuevo consejo de administración, y de inmediato se pondrá en marcha lo que llamó “el plan de 90 días” para iniciar la capitalización de la aerolínea, con unos 240 millones de dólares.

Estos, dijo, se aplicarán en la compra y homogenización de la flota aérea de Aeroméxico, así como a los trabajos tendientes a elevar la productividad, la ampliación de rutas, principalmente las internacionales, y a la búsqueda de sinergias con las empresas que dirigen los integrantes del grupo. Se manifestó satisfecho con el resultado, y reveló que desde hace más de un año iniciaron la integración de inversionistas y el análisis de la oportunidad de negocio que representaba la aerolínea.

El club de los ricos

Los virtuales ganadores de la subasta por Aeroméxico es un grupo de empresarios integrado alrededor del fideicomiso creado por Banamex y el ex presidente del CCE, en el pasado sexenio, José Luis Barraza González, a quien también se le atribuyen relaciones de amistad con diversos funcionarios de primer nivel del actual gobierno.

Banamex, que participa con 49 por ciento del capital que será utilizado en la compra de Aeroméxico, es filial del estadunidense Citibank.

La principal característica del grupo de empresarios es el poderío económico, pero también una extensa red de negocios e influencia política a escalas regional y nacional. Algunos, incluso, participaron activamente en el financiamiento de campañas políticas en el sexenio pasado y el actual.

Aparecen nombres como el de la familia Aramburuzabala. Una de sus integrantes, María Asunción, es esposa del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, y una de las accionistas que controlan el Grupo Modelo, una de las dos compañías del duopolio de la cerveza.

Figura también el michoacano Francisco Medina Chávez, presidente del Grupo Fame, que apoyó la candidatura de Felipe Calderón en la campaña pasada. Otro es Ricardo Martín Bringas, del grupo de tiendas de autoservicio Soriana, quien también estuvo a favor del hoy presidente de México. En el grupo figura Eduardo Tricio Haro, presidente del Grupo Industrial Lala.

Juan Francisco Beckman Vidal, del Grupo Cuervo, y Henry Bremont Pellat, inversionistas en Liverpool Fábricas de Francia, también forman parte del grupo de inversionistas.

Asimismo aparece la familia Canales Clariond, de Industrias Monterrey. Uno de sus miembros, Fernando, fue gobernador de Nuevo León y secretario de Economía en el gobierno de Vicente Fox. Antonio Cosío Pando participa en el sector alimenticio con su Grupo Pando, es consejero del Grupo Carso, así como Valentín Díez Morodo, también accionista del Grupo Modelo.

Otros nombres que figuran en el grupo son el de Agustín Franco Macías, del Grupo Infra; Eugenio Garza Herrera, presidente del consorcio industrial Xignux; Tomás Milmo Santos, accionista de control de Axtel, compañía de telecomunicaciones, así como el empresario ganadero Maximino Salazar Nava.

Recibirá el IPAB la mitad de lo que costó sanear a Mexicana y Aeroméxico

Historia de quiebras privadas y rescates públicos, considera Mario Di Costanzo.

por: Juan Antonio Zúñiga

Quebrada en el sector privado y rescatada por el público, Aeroméxico ha transitado en los pasados 14 años entre fraudes administrativos, deudas bancarias, capitalizaciones y saneamientos públicos que, junto al de Mexicana de Aviación, implicaron 515 millones de dólares.

Por la venta de la participación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda, estas instancias del gobierno federal recibirán 257 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que costó sanear y devolver al sector privado a las dos principales compañías aéreas del país, afirmó Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador.

Esta historia podría iniciar en abril de 1998, Pero el desenlace actual dio inicio propiamente en 1993 cuando Aeroméxico adquirió, directa e indirectamente, 55 por ciento de las acciones de la Compañía Mexicana de Aviación, y el entonces presidente de su consejo de administración, Gerardo de Prevoisin Legorreta, asumió el mismo cargo en las dos compañías. Este fue el origen de Cintra.

En septiembre de 1994, el consejo de administración ambas líneas aéreas descubrió que unos 50 millones de dólares de sus activos financieros habían sido dados en garantía a favor de terceras personas. Gerardo de Prevoisin Legorreta huyó al extranjero y desde su exilio reconoció haber entregado 8 millones de dólares del grupo Cintra a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, rememora Di Costanzo. El 12 de septiembre pasado, de Prevoisin Legorreta fue encontrado culpable del delito de “administración fraudulenta”.

Entre tanto, en 1995, “las instituciones financieras mexicanas acreedoras de Aeroméxico, convirtieron el 100 por ciento de su deuda por el 90.8 por ciento del capital social” de la aerolínea, según los documentos oficiales de la compañía.

En marzo de 1996 se procedió de una manera similar con la deuda de Mexicana, y las participaciones de la banca, que de acreedora se convirtió en accionista de ambas empresas, fueron depositadas en un Fideicomiso de Acciones.

Pero los bancos también quebraron y tuvieron que se rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

La situación se complicó aun más, cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fobaproa, tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra.

En febrero de 2001 se inició el intento por vender por separado las acciones de las dos líneas aéreas, pero fue hasta el 7 de febrero de 2005 en que tuvieron condiciones para la venta de los títulos de ambas aerolíneas, “a través de dos licitaciones públicas”. El 6 de julio de 2005 se dieron a conocer sendas convocatorias para este fin.

El 29 de noviembre de ese mismo año se acepta vender Mexicana al Grupo Posadas, por 165.5 millones de dólares. Por el lado de Aeroméxico, el consejo de Cintra rechazó las propuestas económicas presentadas por los participantes en la licitación.

Casi 2 años después, el 22 de agosto de 2007, la familia Saba presentó una oferta pública de adquisición para hacerse de las acciones de Aeroméxico a través de la bolsa. Ayer el IPAB dio por ganadora la propuesta de 14 empresarios respaldados por Banamex, por un monto de 249.1 millones de dólares mediante oferta pública de compra, “que no fue licitación ni subasta”, como establece el artículo 64 de la Ley del IPAB, consideró Di Costanzo.